Simulacro Superior

El artículo 7 de la Ley 28/2005 establece la prohibición total de fumar en todos los espacios cerrados de uso público o colectivo, instalaciones de las Administraciones públicas, centros de trabajo públicos y privados, y vehículos de transporte público o colectivo, sin excepciones para zonas de fumadores en centros de trabajo ni eventos privados.

El artículo 4 del Decreto 155/2018 clasifica los espectáculos según su duración en: permanentes (habituales e ininterrumpidos en locales fijos), de temporada (periódicos entre 6 meses y 1 año), ocasionales (no superiores a 6 meses al año) y extraordinarios (excepcionales en locales con licencia distinta, con un tope de 12 autorizaciones anuales).

El artículo 3 de la Ley 28/2005 prohíbe taxativamente la venta o entrega a menores de 18 años tanto de productos del tabaco como de cualesquiera productos o dulces que imiten o induzcan al hábito de fumar (como cigarrillos de chocolate o juguetes similares).

El artículo 1.2 del Decreto 109/2005 excluye expresamente a las plazas de toros del seguro obligatorio regulado en dicha norma, debido a que los espectáculos taurinos se rigen por su propia normativa sectorial específica en materia de garantías y coberturas de responsabilidad civil.

El artículo 1.2.b) de la Ley 13/1999 define positivamente la actividad recreativa como el conjunto de operaciones desarrolladas por personas naturales, jurídicas o agrupaciones dirigidas a proporcionar diversión, ocio, entretenimiento, pasatiempo o recreo a los usuarios, precisando que pueden tener lugar con o sin consumición de bebidas y comidas.

El artículo 31.3 de la Ley 13/1999 dispone que las medidas provisionales adoptadas por la policía administrativa (precinto, comiso o intervención de elementos de juego) quedarán sin efecto si en el plazo de 2 meses desde su adopción no se comunica al interesado su ratificación mediante el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.

El artículo 1.2.c) de la Ley 13/1999 define como establecimientos públicos aquellos locales, recintos o instalaciones de pública concurrencia en los que se celebren espectáculos públicos o se realicen actividades recreativas, sin supeditar el concepto a un aforo mínimo ni a la titularidad pública o privada del inmueble.

El artículo 1.2.b) de la Ley 13/1999 define la actividad recreativa atendiendo tanto a su elemento subjetivo (personas naturales, jurídicas o agrupaciones) como teleológico (procurar diversión, ocio, entretenimiento, pasatiempo o recreo), precisando expresamente que pueden concurrir con o sin consumición de bebidas y comidas.

El artículo 21 del Decreto 155/2018 determina que, a partir de la hora de cierre, no se permitirá el acceso de nuevos clientes, cesarán todas las actividades, actuaciones musicales y suministro de consumiciones, se encenderá el alumbrado general y se procederá al desalojo del establecimiento en un plazo máximo de 30 minutos.

Fundamento jurídico: Ley 50/1999 sobre animales potencialmente peligrosos tipifica las infracciones graves, como la organización de espectáculos.

Según la Ley 7/2023, el robo, hurto o apropiación indebida de un animal está tipificado y sancionado específicamente con multa de quinientos a diez mil euros.

Fundamento jurídico: Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios, exime de licencia previa a establecimientos menores de 300 (actualmente ampliados) metros cuadrados.

Fundamento jurídico: Artículo 29 de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y bienestar de los animales, sobre el acceso con animales de compañía a establecimientos y espacios públicos.

Fundamento jurídico: Artículo 63 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y bienestar de los animales, referente a la utilización de animales en romerías y eventos festivos.

Fundamento jurídico: Artículo 46 del RDL 1/2007 (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) establece la competencia sancionadora en los órganos de las Comunidades Autónomas.

Las sanciones de multa previstas para las infracciones urbanísticas graves se establecen legalmente desde 5.000 euros hasta 20.000 euros, según la normativa aplicable.

Conforme a la regulación de las infracciones urbanísticas en Andalucía, las multas para las infracciones leves oscilan desde 600 euros hasta 2.999 euros.

Fundamento jurídico: Ante riesgos para la salud, la Administración puede inmovilizar cautelarmente bienes ofertados a consumidores, siendo falsa la afirmación de que no se puede hacer en ningún caso.

El incumplimiento de órdenes de ejecución con peligro para la seguridad o salud de las personas vulnera gravemente el deber de conservación, tipificándose como muy grave (Art. 165 LISTA).

Fundamento jurídico: La normativa de protección animal en Andalucía exige que los animales de compañía que circulen por espacios públicos vayan sujetos por correa y provistos de la correspondiente identificación reglamentaria.

Fundamento jurídico: La normativa urbanística autonómica de Andalucía establece la responsabilidad solidaria o concurrente del promotor, empresario, constructor y técnico director en las infracciones urbanísticas.

Fundamento jurídico: La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) integra todos los espacios naturales localizados en el territorio andaluz que cuentan con protección especial bajo normativas autonómicas, nacionales o internacionales.

Fundamento jurídico: El artículo 10.3 del Real Decreto 287/2002 establece que la sustracción o pérdida deberá comunicarse en el plazo máximo de 24 horas.

Fundamento jurídico: Conforme al RD 287/2002, la inscripción por traslado a otra CCAA se realiza cuando este sea de carácter permanente o por periodo superior a tres meses.

Fundamento jurídico: Las obras amparadas en órdenes de ejecución no precisan de la solicitud ordinaria de licencia municipal previa, ya que vienen impuestas por la Administración.